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El PP defiende que la suspensión de la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento prueba lo acertado de la denuncia ante la Fiscalía

La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, ha hecho declaraciones hoy tras la decisión de todos los grupos políticos de suspender la celebración de la Comisión de Investigación, “por incumplimiento del reglamento orgánico del pleno y hasta que se resuelva favorable o desfavorablemente la decisión del alcalde, Gabriel Echávarri, de reducir a la mitad el número de concejales que podían participar en la misma”.
La portavoz del PP, Mari Carmen de España, apunta que “el bloqueo del alcalde puede demorar ahora hasta dos meses la celebración de esta comisión de investigación”
De España, ha manifestado que “esta situación refuerza todavía más la decisión que hace varias semanas tomó el Partido Popular de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia por el posible fraccionamiento de contratos en las facturas de la Concejalía de Comercio”. Este presunto fraccionamiento apunta directamente al primer edil, Gabriel Echávarri, que podría haber cometido un delito de prevaricación.

Mari Carmen de España: “La suspension de la comisión sobre el fraccionamiento de los contratos de comercio prueba lo acertado de la denuncia ante fiscalía”

La dirigente del PP ha explicado que “el bloqueo del alcalde a una decisión tomada por el pleno puede demorar ahora hasta dos meses la celebración de esta Comisión de Investigación, dado que el plazo para estudiar el recurso de impugnación de la decisión tomada por Echávarri es de 30 días, y el plazo para resolverse es de otros 30, por lo que podemos irnos hasta julio”.
Esto no es transparencia. Estamos comprobando la poca predisposición de Echávarri de dejar trabajar a la Comisión de Investigación -ha explicado de España-, por lo que se confirma que nuestra decisión de ir a la Fiscalía ha sido la más adecuada porque ya hemos estudiado el asunto suficientemente y consideramos que puede haber fraccionamiento de los contratos de Comercio”.
El PP incide en que la anulación de los contratos aprobada por la junta de gobierno local y el posterior reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar los servicios de esos contratos menores no frenan la responsabilidad que pudiera existir.
Por último, De España ha señalado que “no hay nada de verdad detrás de las palabras del alcalde acerca de que no tiene inconveniente en esclarecer los hechos, porque cuando tiene la oportunidad de demostrar su interés por aclarar unas posibles irregularidades en su gestión no hace otra cosa que entorpecer el trabajo”. La edil del PP ha subrayado que las trabas a la presencia de los concejales acordados en el pleno “demuestra que el tripartito no quiere que se sepa la verdad, por las posibilidades responsabilidades que ello conlleva”.

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